Economía.- Sumar pide en el Congreso rechazar Mercosur y cualquier acuerdo de liberalización comercial
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
Sumar ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que pide rechazar los acuerdos de liberalización comercial y paralizar los que estén en negociación o previstos en el futuro, en particular el de Mercosur, así como no realizar más concesiones en materia agraria.
En una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Agricultura, el grupo plurinacional dice que la mayoría de los alimentos importados por empresas de la Unión Europea son actualmente "mucho más baratos que los producidos en España", lo que perjudica al sector primario español que, además, tiene que ceñirse a unas "estrictas normas de producción" que favorecen la entrada de alimentos producidos bajo estándares más laxos de seguridad alimentaria.
De este modo, dice Sumar, los precios de entrada de las importaciones llevan años "presionando a la baja" los precios pagados a productores y productoras españolas, ya que las empresas alimentarias "compran fuera lo que no quieren pagar aquí".
Si a esto se añade un escenario en el que se está produciendo un cambio de modelo productivo y una falta de rentabilidad de las pequeñas y medianas explotaciones, Sumar considera "imposible" que el campo español compita en condiciones de equidad.
Por eso piden rechazar los acuerdos de liberalización comercial y en especial el Mercosur, algo que también ha pedido Vox en reiteradas iniciativas en la Cámara Baja.
El grupo plurinacional pide también estudiar el impacto sobre la agricultura y ganadería de los acuerdos bilaterales y multilaterales vigentes; e introducir cláusulas espejo, que consisten en exigir que el producto importado a España lo haga en las mismas condiciones impuestas aquí.
UNA NUEVA COMISIÓN PERMANENTE SOBRE IMPORTACIONES
Sumar dedica un punto de la PNL a instar al Gobierno a constituir una Comisión Permanente sobre Importaciones, integrada por las administraciones competentes y las organizaciones profesionales más representativas del sector agrario, para analizar cantidades, precios, derechos aduaneros pagados y calidades de las importaciones.
La comisión también sería útil para detallar la información de las alertas sanitarias en los puntos de inspección fronterizos españoles y, en particular, los operadores implicados en las mismas y el destino de los productos comprometidos. Asimismo, definiría de forma anual un plan de control en frontera, especialmente en lo que afecte a volúmenes de producto y precio, así como residuos de materias activas y en los aspectos relativos a sanidad animal y vegetal.
Otra de las labores que Sumar quiere para la comisión es el establecimiento de un programa de indicios, que incluya controles específicos motivados por alertas, riesgos, indicios o sospechas de posibles incumplimientos en frontera, ya sea por motivación de tipo arancelario, de sanidad de las producciones o de protección del consumidor.
El grupo plurinacional quiere que esa comisión traslade información detallada sobre el posible desarrollo de las negociaciones de los acuerdos bilaterales y su impacto en agricultura y ganadería; y que también elabore propuestas para mejorar la protección del sector agrícola y ganadero en los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales.
QUE LAS IMPORTACIONES CUMPLAN ESTRICTAMENTE LAS REGLAS
Por otro lado, Sumar sugiere establecer medidas de control del cumplimiento "estricto "de los acuerdos comerciales, no sólo desde el punto de vista fitosanitario, sino también en lo concerniente a contingentes, calendarios, precios de entrada y recaudación de derechos aduaneros por los productos importados (con detalle de origen y producto).
La propuesta también recoge una petición para activar medidas de salvaguardia frente a la perturbación grave de los mercados provocadas por las importaciones, tanto en momentos clave de temporadas de producción (importaciones de choque), como de manera continuada para la alteración de los mercados que afecte al tejido productivo del país. Por último, Sumar pide el compromiso del Gobierno a solicitar dicha activación a las instancias europeas competentes.